Coctel para el colapso: más estudiantes, recorte de presupuesto y fuga de talento humano.
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| Rector de la USB, Profesor Enrique Planchart |
El día martes 15 de septiembre asistí a la Asamblea informativa convocada
por el rector de la Universidad de la Simón Bolívar en Caracas. La convocatoria
era para las 10 de la mañana. No obstante, el rector llegó a las 10:25 y la
asamblea inició a las 10.30 am.
Cinco intervenciones, la primera fue la del rector Enrique Planchard, seguido por el vicerrector académico, Rafael
Escalona; Norberto Labrador presidente de la Asociación de profesores de la
USB, para culminar con la intervención de
los estudiantes, representados por el presidente de la Fceusb, Jesús
Valerio y el presidente del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral, Joao
Goncalves.
En su intervención el Rector se refirió a dos temas el presupuesto a la USB
y los estudiantes asignados a la universidad por la OPSU. En cuanto al primer
tema explicó el rector que desde el año 2012 el presupuesto asignado por el
Ministerio de Educación Universitaria a la USB es tan solo el 40% de lo
solicitado. Este déficit en la entrega de recursos ha puesto a la universidad
en apuros en muchas ocasiones situación que el gobierno soluciona parcialmente
a través de asignaciones especiales. En cuanto al presupuesto para el año 2016,
la Universidad solicitó en su anteproyecto 8.543.887.022 bolívares, de la cual, el
Ejecutivo sólo asignó 1.311.609.317 bolívares. Esto representa tan solo el 15%
del monto solicitado. Es decir, que si
desde el 2012 la situación ha sido difícil, para el próximo año será aún peor.
Ya desde el lunes 14 los comedores permanecen cerrados ante la falta de
recursos para cancelar la deuda de 14 millones de bolívares a los proveedores a
quienes no se les cancela desde el mes de abril de este año. Adicionalmente,
explicó el rector que los comedores cerraron sus puertas por la incapacidad de
la institución de cancelar el precio de la bandeja de comida, la cual venía
siendo “prácticamente subsidiada” por los proveedores, ya que el Ministerio de
Educación desde principios de 2015 únicamente paga 113 bolívares por bandeja,
cuyo costo para esa fecha ascendía a 180 bolívares. Precio que ha subido hasta
el presente a 260 bolívares por causas de la elevada inflación. Agregó el Rector que el Viceministerio, a
pesar de reconocer el precio justo de 180 bolívares, no ha gestionado ningún
recurso adicional para cumplir con la deuda que mantiene la USB con sus
proveedores, lo que ha hecho insostenible su funcionamiento.
Ante este panorama el rector estima muy difícil el ingreso de 2042 estudiantes asignados por la OPSU al
menos durante este año 2015. Pero que, sin embargo, el consejo directivo de la
USB ha diseñado un plan para que estos estudiantes logren ingresar a la
universidad, pese a que esta asignación es arbitraria y violatoria de la Ley de
Universidades y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-
CRBV.
No puede uno dejar de preguntarse ¿qué busca el gobierno con estas
acciones? Dado que hay dos elementos graves en todo esto: la asignación de más estudiantes
a la Universidad Simón Bolívar y, por
otro lado, la asignación de menos recursos. Cualquier persona con sentido común sabe que esto
es una combinación para el colapso de la institución universitaria.
Posteriormente, intervino el vicerrector académico, profesor Rafael Escalona
quien expuso la fuga de talento que incide en la crisis de manera permanente. Según
cifras presentadas por Escalona, el
número de profesores que han renunciado o a quienes se les ha rescindido el
contrato, es de 278. “En 2011 se fueron 65, en 2012 salieron 48, en 2013 el
número fue de 54 y en 2014, fue de 60”, y para este año se han contabilizado 51
renuncias. A esta cifra hay que sumarle 200 profesores que se han jubilado, para
un total de 478 profesores que ya no forman parte de la USB.
Para tratar de quizás calmar o minimizar las alarmantes cifras informó que
por concurso de credenciales han logrado ingresar 300 nuevos profesores. No
obstante, lo que no menciona el vicerrector que si bien se ha logrado disminuir
la brecha entre egresos e ingresos en el número de profesores no hay manera de
equiparar ese vacío. Explico, quienes
han renunciado a la universidad son profesores que en su mayoría tenían al menos
una maestría e inclusive doctorado; con trabajos de investigación y eran
profesores contratado en la modalidad de dedicación integral o exclusiva.
Mientras que quienes ingresan son profesores en proceso de formación y muchos
de ellos son contratados a tiempo convencional. Adicionalmente, muchos
profesores a tiempo integral se han visto en la obligación de solicitar cambios
en su dedicación a la universidad para poder buscar ingresos extra ante los
sueldos tan bajos que se perciben en los centros de estudio universitario; la
falta de recursos económicos y académicos para realizar investigación.
Para culminar el vicerrector académico mencionó que también el personal técnico
y administrativo está renunciando, por lo cual, además del recurrente problema
presupuestario, el vicerrector alertó sobre la crisis que se está desarrollando
sobre el recurso humano e hizo un llamado a crear un movimiento nacional para
reclamar lo que justo por derecho le corresponde al profesorado y al resto de
los trabajadores universitarios.
Así pues vemos que el panorama para las universidades es muy oscuro. Los
profesores, hoy en paro activo, están emigrando a otras universidades latinoamericanas
donde se les paga mucho mejor, se les apoya para realizar trabajos de investigación.
Mientras acá se está desmantelando las universidades y, por ende, agravando la
situación del país.
Es imperativo que esta situación se resuelva, de no haber un cambio en el
corto plazo, la fuga de talento humano se agravará, lo cual traerá
consecuencias muy difíciles de superar.
El gobierno debe sentarse a trabajar con la FAPUV, gremio que aglutina al
70% de los profesores universitarios en Venezuela. Es el único gremio que los
profesores universitarios reconocemos y aceptamos como nuestro representante. El
gobierno debe entregar los recursos económicos necesarios para que las
universidades funcionen eficientemente tal como lo establece la CRBV. El gobierno debe dejar de axfixiar a las universidades a través del TSJ; por ejemplo, al impedir la renovación de sus autoridades.
